Creen un 10,5% las víctimas de violencia machista en Cantabria en 2025 y un 55% las que no declaran

Los tribunales cántabros registraron durante el año pasado 2.488 denuncias por violencia de género en las que figuran como víctimas 2.246 mujeres, lo que supone un 1,2 y un 10,5 por ciento más, respectivamente, en relación a 2024. En España, estos repuntes fueron del 0,7 y 2,64%.

La tasa de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres se sitúa en Cantabria en 73,4, ligeramente inferior a la media nacional, del 74%. Por encima están Baleares (115,8), Navarra (100,3), Comunidad Valenciana (92,7) y Canarias (90,3), y los índices más bajos se dieron en Castilla y León (48,4), Galicia (49,8) y La Rioja (55,8).

Del total de víctimas en las denuncias en Cantabria, 338 se acogieron a la dispensa de la obligación de prestar declaración contra el denunciado en el juzgado de violencia, un 55% más, y son 15 de cada cien (por encima de la media, del 11,3%)

Los jueces cántabros acordaron 280 órdenes de protección de las 433 solicitadas, el 65%, dos puntos menos que en España (67%). Y los titulares de las plazas de instrucción en funciones de guardia -que atienden estos casos por las tardes y fines de semana- acordaron 93 órdenes de las 123 solicitadas, el 75,6%.

Entre las medidas adoptadas destacan las encaminadas a la protección de los menores: la suspensión de la guarda y custodia en 30 ocasiones; del régimen de visitas en 22; y de la patria potestad en 3.

Según el informe de 2025 del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con sede en el Consejo General del Poder Judicial, en Cantabria fueron enjuiciados 802 hombres y 687 fueron condenados, el 85,7%.

Las secciones de violencia sobre la mujer -que instruyen todas las causas y ven delitos leves- enjuiciaron a 424 hombres y condenaron a 414, el 97,6%. Y el Juzgado de lo Penal nº 5 -encargado de estos delitos menos graves- juzgó a 374 y condenó a 269, el 71,9%. En la Sección Tercera de la Audiencia Provincial -que enjuicia los delitos más graves- se celebraron cuatro vistas y todos los acusados fueron condenados, al igual que en el Juzgado de Menores de Santander, donde dos obtuvieron sentencia con imposición de medidas.

El 66,3% de las casi 2.500 denuncias fueron presentadas por la propia víctima; el 23,7% fue por intervención policial; el 5,4% por un parte de lesiones remitido al tribunal; el 3,5% a través de servicios asistenciales o terceros y el 1,2% mediante familiares.

De las casi 2.250 víctimas, 1.379 son españolas -una de ellas menor de edad- y 868 extranjeras, todas mayores. En 19,3 de cada cien denuncias se solicitó una orden de protección. En total se pidieron 433 y se acordaron 280 (el 65%). Se tradujeron en 928 medidas judiciales de protección de las víctimas, 704 penales y 124 civiles. Entre las primeras, las más frecuentes fueron la prohibición de comunicar con la víctima (263) y el alejamiento (248), la suspensión de tenencia y uso de armas (147) y la prohibición de volver al lugar de los hechos (33). Además, en cinco ocasiones se acordó la salida del domicilio y en tres, la privación de libertad.

Y de las cautelares civiles, además de las citadas de suspensión de la guarda y custodia (30), del régimen de visitas (22) y de la patria potestad (3), también se adoptaron sobre prestación de alimentos (30) y atribución de vivienda (26).

RELACIÓN ENTRE VÍCTIMA Y DENUNCIADO

En la mayoría de los casos en los que se solicitaron órdenes o medidas, la mujer era española y mayor de edad (266) y en otras 166 se trataba de extranjeras. Además, en una figura una española menor. En cuanto a los hombres denunciados que aparecen en las órdenes de protección pedidas, 281 eran españoles y 152 extranjeros.

Sobre el vínculo entre denunciado y víctima en el momento de la agresión, en el 48,27% de las veces era una relación afectiva rota, en el 29,33% se mantenía, en un 12,93% estaban casados y en un 9,47% eran excónyuges.

En 2025, las secciones de violencia sobre la mujer recibieron 2.567 asuntos penales, de los que 873 se llevaron por juicio rápido, 97 fueron delitos leves e ingresaron dos sumarios y un jurado. Por tipos delictivos, la mayoría (1.335) responden al delito que castiga una conducta que no da lugar a lesión o sólo requiere una primera asistencia médica, cuya condena va de seis meses a un año de prisión.

Otros 761 delitos correspondieron al tipo que condena actitud persistente que genera clima de pánico en el entorno familiar, penado de seis meses a tres años de cárcel. También se iniciaron 321 asuntos por quebrantamiento de pena, 91 por quebrantamiento de medidas cautelares, 61 contra la libertad, 11 contra el honor, 9 por delito contra la integridad moral, 8 contra la libertad e indemnidad sexual, y seis contra la intimidad y la propia imagen.

En cuanto a los procedimientos por delitos leves, 91 lo fueron por injurias y 51 por vejaciones injustas. Además, las denuncias dieron lugar a la apertura de 179 procedimientos civiles, entre ellos 79 divorcios y 4 separaciones. También hubo 34 sobre la adopción de medidas de guarda y custodia de hijos de parejas no casadas y 51 sobre modificación de medidas acordadas en sentencia.

El 23,8% de los asuntos concluyó con sentencia condenatoria en el propio órgano y el 0,6% con absolutoria. Además, el 45,7% de los procedimientos finalizó en archivo, libre (2,3%) o provisional (45,7%).